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El desglose de la millonaria devolución que el fisco español debe hacer a Shakira

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El dictamen judicial emitido en Madrid a favor de Shakira ha sacudido las estructuras de la administración fiscal en España por las elevadas sumas de dinero involucradas. Tras analizar los alegatos de los expertos financieros del despacho Prada Tax Advisor, los jueces avalaron la procedencia de un millonario reembolso a favor de la colombiana.

De acuerdo con las estadísticas y reportes de la agencia de información EFE, el fondo de la reclamación original del Estado giraba en torno a 55 millones de euros. Sin embargo, debido a las normativas de compensación por retrasos institucionales, el monto total se incrementó hasta superar los 60 millones de euros por el cobro de intereses y costas de juicio.

La raíz del conflicto radicó en la interpretación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de hace más de una década. El fisco alegaba que la creadora de “Antología” debía pagar sobre la totalidad de sus ganancias internacionales, una postura que el tribunal consideró contraria a derecho.

Los magistrados de la sección cuarta ratificaron que un contribuyente no puede ser forzado a pagar impuestos como residente si se demuestra su ausencia prolongada del país. Los documentos aduaneros aportados por la defensa de la estrella pop resultaron vitales para desmentir las estimaciones previas que los inspectores habían asentado en sus actas.

Este resultado alivia la presión legal sobre la artista, viniendo apenas días después de que la Fiscalía española pidiera el carpetazo definitivo a otra investigación por un presunto fraude de 6.6 millones de euros. De este modo, las causas penales contra la barranquillera en los juzgados de Barcelona han quedado totalmente zanjadas por el momento.

La victoria administrativa consolida la posición de la cantante, quien siempre sostuvo su inocencia a pesar del escrutinio público internacional. El desenlace definitivo del caso quedará en manos de los magistrados del Tribunal Supremo, quienes evaluarán el recurso de apelación que el gobierno español planea interponer de forma oficial.