¿Qué se esconde en los archivos del proceso de selección del Instituto Nacional Electoral? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras la sorpresiva y expedita decisión de la Cámara de Diputados de reservar por un lustro toda la información del caso. Al catalogar el expediente como confidencial, las autoridades de San Lázaro impiden de tajo que periodistas, investigadores y ciudadanos comunes revisen minuciosamente las actas, los exámenes y los perfiles evaluados.
Según la investigación publicada por El Excélsior, este manto de secrecía se aprobó gracias al voto unánime de los burócratas legislativos afines al partido oficialista, Morena. La diputada federal Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, decidió transparentar las discusiones internas y hacer público su voto particular en contra, acusando que esta decisión lesiona gravemente la vida democrática del país y fomenta la cultura de la sospecha.
López Rabadán argumentó por escrito que abrir los mecanismos de selección al escrutinio abierto eleva los estándares éticos de las instituciones y legitima el nombramiento de los funcionarios. Mencionó que la transparencia gubernamental dota a la población de los elementos necesarios para evaluar el desempeño de sus representantes y construir un entorno público más equilibrado, donde la honestidad sea la regla y no la excepción.
El encargado de presentar estas objeciones ante el pleno del órgano de transparencia fue Gustavo Flores Gutiérrez, secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Flores Gutiérrez leyó textualmente las instrucciones de la diputada Kenia López, dejando asentado en el acta de la sesión el profundo desacuerdo con el hecho de ocultar la totalidad de la documentación generada en el relevo de los consejeros del INE.
En el centro del debate se encontraba la premisa de que supervisar las acciones del gobierno es un derecho inalienable de la sociedad civil organizada. La postura panista remarcó que la apertura documental no pretendía dañar los derechos de los concursantes, sino garantizar que la selección cumpliera con los estándares de imparcialidad exigidos por la Constitución, dejando a salvo únicamente la información privada protegida por la ley.
Con la reserva ya consumada, las múltiples dudas que rodearon al Comité Técnico de Evaluación permanecerán en la sombra. Ya no se podrán fiscalizar de forma independiente los motivos detrás de la misteriosa depuración de la lista de aspirantes, ni la sospechosa coincidencia de que los candidatos más cercanos al partido en el poder obtuvieran calificaciones perfectas en el examen de conocimientos generales, un hecho considerado atípico por especialistas.
Los integrantes del Comité de Transparencia que firmaron el acuerdo son Aliza Klip, Hugo Christian Rosas, Ileana Hidalgo, Andrés Lozano y Adolfo Román Montero. El bloque opositor insiste en que estos personajes operaron como una extensión de la Junta de Coordinación Política encabezada por el morenista Ricardo Monreal Ávila, con la clara misión de sepultar mediática y legalmente las irregularidades del relevo electoral.
