La renuncia del fiscal César Jáuregui Moreno marca un punto de inflexión en la política de seguridad de Chihuahua, dejando al descubierto una serie de omisiones institucionales. El reconocimiento de fallas en los mecanismos de control ha provocado que la sociedad civil y los partidos políticos exijan una revisión total de los acuerdos de cooperación con Estados Unidos.
Siguiendo la información de El Financiero, la salida se da tras el escándalo por la muerte de presuntos agentes de la CIA en el municipio de Morelos. El fiscal admitió que no se aseguraron los canales de comunicación obligatorios, lo que permitió una operación opaca que terminó en tragedia para el titular de la Agencia Estatal de Investigación y los agentes foráneos.
En la rueda de prensa donde anunció su retiro, Jáuregui subrayó que la eficacia contra el narco no debe ser pretexto para ignorar la ley. “Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”, declaró, refiriéndose a la entrada de los agentes que, según versiones oficiales, no formaban parte del despliegue institucional autorizado.
El exfiscal destacó que bajo su mando se logró destruir uno de los laboratorios más grandes en la historia del país, un logro que consideró “empañado” por la controversia. No obstante, la gravedad de permitir que extranjeros operen en territorio nacional sin registro oficial superó cualquier éxito operativo en términos de viabilidad política.
Detalles revelados por la fiscal Wendy Chávez indican que estos agentes mantenían el rostro cubierto y no portaban armas de fuego al ingresar al estado. Este comportamiento, más propio de operaciones de inteligencia encubiertas que de una colaboración policial transparente, es lo que ha generado la mayor fricción con el Gobierno Federal.
La investigación apunta a que la colaboración era de carácter extraoficial entre la CIA y mandos específicos de la Fiscalía de Chihuahua. Esto vulneró la soberanía nacional, ya que cualquier participación de agencias extranjeras debe ser notificada y coordinada a través de los canales diplomáticos y de seguridad nacional correspondientes.
César Jáuregui evitó mencionar a un sucesor, dejando la decisión en manos de la gobernadora Maru Campos. El reto para el próximo fiscal será monumental: limpiar la imagen de la institución y asegurar que el combate al crimen organizado se realice sin comprometer la integridad legal del territorio mexicano ante potencias extranjeras.
