México estrena una nueva normativa que pone fin a las jubilaciones millonarias financiadas por el erario. La reforma a las llamadas “pensiones doradas” ya está en marcha, estableciendo un límite infranqueable que ha puesto en pie de guerra a miles de exfuncionarios que ven cómo su estabilidad financiera podría verse reducida de la noche a la mañana.
Esta información es una publicación de El Financiero, donde se detalla que el recorte afectará a aquellos cuyos ingresos superen los 70 mil pesos al mes. La medida busca que ninguna pensión financiada con recursos públicos rebase el 50 por ciento del salario presidencial, una regla que ya ha causado un fuerte choque entre el gremio de jubilados y el Ejecutivo.
Desde el pasado 10 de abril, tras su publicación en el Diario Oficial, la reforma al artículo 127 constitucional ha generado una gran incertidumbre. La iniciativa, que fue una de las promesas de la actual administración, finalmente fue aprobada por el Congreso, obligando a un ajuste de montos que para algunos representará perder más de la mitad de su cheque mensual.
Los datos de la Alianza Nacional de Jubilados sugieren que el impacto es masivo, afectando a más de 93 mil personas. Los sectores más sensibles son los de energía y banca de desarrollo, con Pemex, CFE y Banobras a la cabeza. Se trata principalmente de personal de confianza cuyos beneficios se pactaron bajo normativas que hoy se consideran fuera de la realidad nacional.
El decreto presidencial no deja mucho margen de maniobra para las instituciones, pues les ordena revisar de inmediato todos los contratos y disposiciones para ajustarlos al nuevo tope. Lo que más preocupa a los afectados es que la reforma contempla ajustes incluso para pensiones que ya están vigentes, lo que consideran un ataque frontal a la seguridad jurídica.
En respuesta, se han organizado movilizaciones en diversos puntos de la República. Los inconformes sostienen que sus pensiones son el fruto de años de esfuerzo y no “regalos” del gobierno. Han anunciado que recurrirán a instancias legales para frenar lo que consideran un despojo, mientras que el gobierno mantiene que se trata de eliminar excesos injustificables.
La presidenta Sheinbaum defendió la legitimidad de la reforma, señalando que los recursos públicos deben administrarse con austeridad. Durante la presentación del proyecto, se enfatizó que el ajuste se aplicará a partir de su aprobación sin efectos retroactivos sobre los cobros pasados, pero con la firme intención de nivelar el gasto público hacia el futuro.
