La creación del nuevo padrón de telefonía móvil en México representa una inversión pública y privada de gran escala. El costo total de la infraestructura necesaria para sostener este registro está valorado en más de 4,053 millones de pesos (aproximadamente 220.70 millones de dólares). Este capital está destinado a garantizar que los datos de identidad de millones de usuarios estén centralizados y protegidos.
Sin embargo, el despliegue técnico ha sido accidentado. La industria ha tenido que ajustar sus procesos en tiempo récord, ya que la CRT solo dio un mes para que todas las compañías del sector estuvieran operativas. Desde el viernes 9 de enero, el sistema comenzó a recibir registros, pero la infraestructura se enfrenta ahora al reto de procesar el flujo masivo de última hora derivado de la campaña de urgencia.
Desde la perspectiva operativa, el riesgo de incumplimiento tiene una fecha fatídica: el 30 de junio. Si para ese día no se ha logrado el registro, las empresas se verán obligadas por ley a suspender el servicio. Esto no solo afecta al usuario, sino que representa un golpe financiero para los operadores, quienes dejarían de percibir ingresos por consumo de datos y llamadas de millones de líneas.
La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) ha intervenido solicitando formalmente una postergación. Argumentan que el volumen de líneas por validar es demasiado alto para el tiempo restante. A pesar de estas peticiones, la autoridad reguladora se ha mantenido firme en mantener las fechas establecidas originalmente a finales de 2025.
Para el usuario promedio, el registro es vital por una razón de conectividad básica. A partir del 9 de julio de 2026, una línea no validada perderá toda funcionalidad comercial. La desconexión será total para internet, llamadas salientes y mensajes, dejando al dispositivo únicamente con acceso a números de emergencia. Es un escenario de “apagón” que la industria intenta evitar a toda costa.
El registro busca ser una herramienta de seguridad nacional, enfocada en inhibir delitos como la extorsión y el secuestro. Al asignar una identidad a cada chip o tarjeta SIM, se espera reducir el anonimato que actualmente aprovecha la delincuencia organizada. Es este “espíritu de prevención” el que justifica, según la ley, la implementación de un sistema tan costoso y complejo en un plazo tan breve.
