El Gobierno Federal envió formalmente una propuesta de modificación legal a la Cámara de Diputados orientada a transformar la estructura de la elección judicial. La iniciativa plantea reprogramar la fecha de los comicios para el 4 de junio de 2028, argumentando la necesidad de dar mayor claridad a los electores al momento de emitir su sufragio.
Tomando en cuenta la información de El Excélsior, el ajuste de fechas responde a una estrategia para desvincular estas votaciones de las jornadas intermedias locales. Con ello se busca que la ciudadanía se enfoque exclusivamente en los perfiles de los juzgadores, evitando las saturaciones de cargos en las urnas.
La presidenta de la República manifestó que las modificaciones se diseñaron tomando como experiencia las características de las votaciones de 2025, donde el elevado número de nombres generó retos importantes. Al separar las elecciones, el proceso resultará más accesible para la población que acuda a las urnas.
Otro de los cambios técnicos incluidos en el documento es la descentralización del escrutinio. La iniciativa legal estipula que el conteo de los votos se efectúe de manera inmediata en las propias mesas receptoras, eliminando la obligación de transportar de forma prioritaria los paquetes electorales hacia las sedes distritales.
En el ámbito de la equidad de género, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, remarcó que las listas definitivas respetarán estrictamente la paridad. Los cambios normativos buscan acotar las opciones de los votantes a un número manejable que evite equivocaciones o la anulación involuntaria de los votos.
Para concretar estas modificaciones antes del cierre del periodo, la administración federal sugirió al Congreso de la Unión la apertura de un periodo extraordinario de sesiones. La meta planteada por el gabinete presidencial es que la reforma quede aprobada de manera definitiva en la primera semana de junio.
