El proceso de ciudadanización del Poder Judicial de la Federación sufrió una modificación radical en sus tiempos de ejecución tras los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores. La promesa de llevar a los jueces a las urnas de manera inmediata fue matizada por la necesidad de reorganizar los comicios, lo que derivó en un rediseño del calendario electoral que traslada la gran jornada nacional hacia finales de la presente década.
Tal como lo dio a conocer El Universal en su cobertura parlamentaria, el Senado concretó el cambio normativo para fijar la primera gran elección judicial para el mes de junio de 2028. Esta decisión otorga un respiro operativo a las autoridades electorales encargadas de organizar una votación inédita por su complejidad técnica, el número de candidatos participantes y la distribución de boletas a nivel nacional.
La reforma incluye una polémica disposición que beneficia directamente a los actuales siete integrantes del pleno del Tribunal Electoral (TEPJF), abriendo la posibilidad de que se reelijan por seis años más. Esta medida fue duramente criticada por la oposición, que señaló un presunto pago de favores políticos, mientras que el oficialismo argumentó la necesidad de mantener la experiencia técnica en la calificación de elecciones.
En la misma sesión, se estipularon las nuevas reglas para la Suprema Corte, la cual dividirá sus trabajos en dos secciones que dependerán enteramente del visto bueno del pleno para sesionar de forma válida. A la par, se dejó en claro que la generación de jueces elegida en 2028 tendrá un periodo corto de gestión de solo ocho años, teniendo como fecha límite de encargo el año 2036.
El aval final se logró con 87 votos a favor del bloque mayoritario, superando los 41 votos en contra de las bancadas de oposición que insistieron en la inviabilidad del modelo propuesto. La reforma fue enviada inmediatamente a las entidades federativas para cumplir con el requisito de ratificación por parte de la mayoría de los congresos locales del país.
